Sancionarán a Plantel Incorporado por negar servicios educativos a menor con discapacidad
Toluca, México, 22 de octubre de 2015.
Por negar el acceso a los servicios educativos del nivel preescolar a un menor de edad que padece una enfermedad congénita, la escuela particular “Erasmo Valverde Jiménez” de Chimalhuacán, será acreedora a una multa que va de los 100 a cinco mil salarios mínimos, entre otras sanciones. Así lo informó la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, instancia que puntualizó, desde el pasado mes de agosto la señora Ana Patricio presentó ante la Comisión de Derechos Humanos estatal (Codhem), una queja relacionada con el hecho de que a su hijo, Ángel Daniel, que padece de una enfermedad denominada retrocicomotor grueso, le fuera negado el acceso
Por lo que la institución remitió a la Secretaría de Educación la denuncia radicada bajo el número CODHEM/NEZA/700/2015, en la que se excusaba de conocer el asunto, debido a que no se trataba de acciones realizadas por servidores públicos. Posteriormente el 26 de agosto, la Subdirección de Escuelas Incorporadas concedió el derecho de audiencia a la representante del plantel, María Yolanda Arrieta, quien aceptó los hechos que se le imputan, por lo que se inició un procedimiento administrativo con el número SEI/PA/PPR/082/2015, que aún sigue su curso legal.
La fracción XVI del artículo 28 del reglamento General de Servicios Educativos Incorporados del Estado de México señala la obligación de las escuelas privadas de “respetar a los educandos, a sus padres o tutores independientemente de la situación económica, raza, religión, sexo, ideología política o capacidades diferentes, procurando en este último caso contar con las condiciones de infraestructura, académicas y administrativas, para que tengan oportunidad de acceder a la educación”.
De este modo, la infracción a este precepto puede derivar en una multa de 100 hasta cinco mil veces el salario mínimo y sanciones que se establecen en distintos ordenamientos por negar el derecho a la educación, discriminación y violación a los derechos de las personas con discapacidad. Debido a que los hechos ocurrieron antes del inicio del Ciclo Escolar 2015-2016, la madre del menor pudo recuperar los pagos de inscripción, uniforme y útiles que había realizado e inscribió a su hijo en la escuela incorporada “Mariano Matamoros”, donde recibe la atención digna y adecuada que merece.