En los últimos años, la autoridad cuenta con diferentes herramientas para auditar y lograr que las empresas cumplan de manera formal con sus obligaciones.
Existen empresas que debido a su situación financiera y/o económica optan por caminos fáciles no viables para la autoridad, y recurren a comprar facturas a empresas que a esto se dedican de manera informal.
En De la Paz, Costemalle DFK saben y orientan a las empresas sobre los graves riesgos de acudir a empresas facturaras o emitir/utilizar facturas falsas, además informan a las empresas sobre las acciones del SAT dirigidas a combatir esta práctica.
Las empresas que se dedican a emitir facturas de forma ilícita pueden llegar a tener graves consecuencias como:
Riesgo de restricción o cancelación del certificado de sello digital, lo que imposibilita legalmente la emisión de comprobantes fiscales válidos.
Exposición legal y sanciones penales por defraudación fiscal: prisión de 2 a 9 años, e incluso más si se trata de delitos continuados.
Pérdida de credibilidad, dificultades operativas y posibles embargos de bienes o cuentas bancarias.
También, para las empresas que acudan a la facturación falsa existen consideraciones importantes como:
Sufrir cancelación del certificado digital, si no logra demostrar la existencia real de la operación.
Las facturas falsas no son deducibles: hay que pagar ISR sobre esos montos, más un 10% adicional por reparto de utilidades, IVA no acreditable, recargos y multas.
Riesgo de responsabilidad solidaria, especialmente si supera cierto monto (por ejemplo, más de $7.8 millones MXN al año); incluso puede quedar publicado su nombre y RFC en listados del SAT.
El SAT ha intensificado su enfoque usando tecnologías avanzadas y análisis de datos para detectar patrones sospechosos y clausurar operaciones de empresas factureras. Publicó en su portal y en el Diario Oficial de la Federación listados de contribuyentes señalados por emitir o utilizar facturas falsas, otorgando un plazo de 15 días hábiles para aclarar o corregir su situación.
Las empresas incluidas pueden ver comprometido su historial crediticio, pues los adeudos fiscales se reportan al Buró de Crédito, y solo se eliminan cerca de un mes después del pago.
Aquellas empresas que estén en este proceso pueden ir a prisión preventiva oficiosa: se equipara a la delincuencia organizada, con sanciones de 2 a 9 años de prisión para quienes emitan o utilicen facturas falsas.
También existe la posibilidad de denuncias e investigaciones penales por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República.
Los expertos en De la Paz Costemalle DFK sintetizan los riesgos:
Certificado digital:
Sanciones penales:
Sanciones fiscales:
Reputación y crédito:
Publicación y responsabilidad:
De la Paz, Costemalle DFK está comprometido con una práctica empresarial ética y transparente. Promueve en sus clientes una cultura fiscal responsable, en la que cumplir con las obligaciones fiscales fortalezca la competitividad y reputación de las empresas y otorga las siguientes recomendaciones:
Verificar siempre la autenticidad de los CFDI mediante el portal del SAT.
Evitar contratar empresas desconocidas o con estructuras sospechosas.
En caso de detección de irregularidad, regularizar con declaraciones complementarias antes de que se inicie una inspección.
Es importante contar con un aliado estratégico como De la Paz, Costemalle DFK que orienta a las empresas sobre sus mejores estrategias fiscales para cumplir con la autoridad.